El derecho al voto no puede convertirse en un instrumento para lesionar deliberadamente a la minoría, ni para que el accionista mayoritario se adjudique prerrogativas especiales a expensas de los demás asociados. Sin embargo, quienes propongan una acción judicial por abuso del derecho de voto deben satisfacer una elevada carga probatoria. Por lo tanto, precisó la Superintendencia de Sociedades, no es suficiente alegar que las decisiones aprobadas en una reunión de asamblea fueron contrarias a los intereses subjetivos de un accionista minoritario, sino que es necesario acreditar que se produjo el daño, en el sentido de demostrar que las actuaciones del mayoritario estuvieron motivadas por una finalidad ilegítima. De no acreditarse dicha finalidad, las pretensiones judiciales del minoritario serán inexorablemente desestimadas, señaló.