La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales debe ser fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas proferidas por el Congreso de la República. En consecuencia, las asambleas departamentales no pueden establecer, mediante ordenanzas, ningún factor adicional al ya establecido por el Gobierno. En concreto, la sección indicó que la regulación salarial que existía para los empleados del sector salud de los departamentos fue derogada tácitamente por el Decreto 439 de 1995 (C. P. Víctor Hernando Alvarado).