La Corte Constitucional amparó, de manera transitoria, los derechos al mínimo vital, seguridad social y vida digna de una mujer que padece una enfermedad catastrófica, por lo que ordenó el reconocimiento y pago transitorio de la pensión de invalidez hasta tanto finalice la discusión sobre la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral (PCL).

El alto tribunal señaló que el cambio de la fecha de estructuración no tendría el potencial de afectar el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación a la accionante, pues el debate que persiste plantea una discusión sobre el monto del pago retroactivo al que tendría derecho, el cual deberá surtir su curso normal ante las instancias pertinentes.

Bajo cualquiera de las hipótesis propuestas en el expediente, la accionante supera ampliamente el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, en los términos del artículo 39 de la Ley 100/93.

En todo caso, aclaró la Sala, el reconocimiento se ordena sin perjuicio del derecho a la defensa que le asiste a la administradora de pensiones accionada, en el evento en que la junta de calificación de invalidez modifique la fecha de estructuración. En caso de materializarse dicha circunstancia, no se podrá afectar el pago oportuno de la pensión a la actora.

En cuanto a la vulneración al derecho a la salud por la falta de materialización de algunos servicios prescritos, especialmente frente a sujetos de especial protección constitucional, como es la entrega de medicamentos, se ordenó a la EPS garantizar los servicios pendientes y el tratamiento integral (M. P. Lina Marcela Escobar Martínez).

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