La prohibición de la intermediación laboral de las cooperativas de trabajo asociado y de cualquier otra modalidad de tercerización es el objetivo de un proyecto de ley radicado en el Senado. Según la iniciativa, además de la prohibición, a los trabajadores vinculados mediante estas organizaciones se les aplicará el principio de “contrato realidad”, en lo referido a sus derechos laborales. Quienes no cumplan con lo establecido en la ley, serían objeto de multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.