La Procuraduría General de la Nación presentó un informe en el que analiza las medidas tomadas por el Gobierno en materia de atención y generación de empleo para las víctimas del conflicto armado.

Según el organismo, el Ejecutivo no tiene suficiente claridad sobre la diferenciación que debe hacerse entre la política pública diseñada para disminuir la pobreza extrema y la política pública de reparación para las víctimas del conflicto armado.

A su juicio, no existe un criterio unificado con respecto a la diferencia entre las medidas de atención (programas de generación de ingresos y estabilización socioeconómica, según la Ley 387 del 2007 y el Conpes 3616 del 2009) y las de reparación integral (medidas de generación de empleo, de acuerdo con la Ley 1448 del 2011 y el Conpes 3726 del 2012).

Además, aseguró que el Ministerio de Trabajo no cuenta con una caracterización idónea de las víctimas que serían beneficiarias de las medidas de generación de empleo, lo que impide conocer su perfil socio-laboral y adelantar el plan de capacitación y formación profesional que culminará con un enganche laboral o con planes de autoempleo.

“Tampoco existe a la fecha un diagnóstico sobre las condiciones del mercado laboral por zonas o regiones del país, con lo cual se articularían la demanda y oferta de trabajo requeridas”, agregó la entidad.

El Ministerio Público exhortó a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Ministerio de Trabajo a diseñar e implementar el Programa de Generación de Empleo Urbano y Rural, con el fin de garantizar el autosostenimiento de las víctimas.

Finalmente, le pidió al ministerio avanzar en la creación y ejecución de un instrumento único para caracterizar y obtener el perfil laboral de las víctimas de la violencia, en atención a sus condiciones especiales o diferenciales, en los sectores urbano y rural.