La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pidió investigar si el Estado está siendo tolerante con estrategias empresariales que crean condiciones adversas para ejercer los derechos de asociación sindical y de huelga en concesiones para la explotación de recursos naturales.

En un fallo de tutela que ratificó la declaratoria de ilegalidad de un paro, el alto tribunal ordenó remitir copias a la Procuraduría y al Ministerio del Trabajo, para establecer si la indeterminación de los límites territoriales en los que tres firmas explotan una misma mina de carbón tiene por objeto fraccionar la unidad de empresa o fusionar los espacios laborales para obstaculizar el ejercicio del derecho al cese de actividades.

La corporación advirtió que dichas entidades estarían burlando las garantías sindicales, pues las condiciones en las que los empleados desarrollan su labor impiden ejercer el derecho a la huelga.

Según explicó, ese estado de cosas constituye una precondición para declarar la ilegalidad del cese de actividades, ya que cualquier iniciativa de los trabajadores de cualquiera las firmas, por legítima que sea, será ilegal, pues necesariamente afectará a los otros empleados, actividades y bienes de entidades que desempeñan la misma actividad, con el mismo personal y en los mismos terrenos.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 70190, nov. 12/13, M. P. Leonidas Bustos)

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