Dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó su postura vigente frente a la bonificación por compensación. Al respecto sustentó las conclusiones expuestas en una sentencia del 2018, en la cual afirmó que el Decreto 610 de 1998 estableció la bonificación por compensación con el fin de cerrar la brecha salarial entre magistrados de las altas cortes y el resto de funcionarios del sector judicial, es decir, con base en el principio de igualdad. Además, indicó que esta figura consiste en un ajuste de carácter permanente que, sumado a los ingresos laborales del beneficiario, aproxima su salario en términos porcentuales (hoy el 80 %) a lo que por todo concepto laboral perciben los magistrados. El fallo también afirmó que esta normativa ha sido dos veces afectada por normas jurídicas: la primera por la derogatoria, que afectó su vigencia, y la segunda por simultaneidad, la cual afectó su aplicación. Y en dos oportunidades ha renacido por sentencias judiciales, por lo que hoy está vigente el régimen único sobre la materia y su cumplimiento es obligatorio por parte de todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales. Conozca estas y otras determinaciones de este tema en el documento adjunto (conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao).