Fue condenado a 22 años y ocho meses de prisión el abogado Álvaro Enrique Burgos, como autor, determinador y coautor de los delitos de falsedad ideológica y material en documento público, falsedad material en documento privado, peculado por apropiación y prevaricato por acción. Para obtener los títulos ejecutivos exhibió 129 resoluciones por él tramitadas y expedidas por exsecretarios de Educación de ese municipio. Después fueron presentadas conjuntamente con la demanda, la cual contenía poderes falsos y otros otorgados por algunos profesores. El fiscal del caso advirtió en el juicio que ninguna de las solicitudes reunía los requisitos legales que contempla la Ley 962 del 2005 y el Decreto 2831 del 2005. Sin embargo, los exsecretarios de Educación de Lorica las aprobaban sin el visto bueno de Fiduprevisora y, de forma ilícita, ordenaban pagar las pensiones vitalicias por diferentes valores. Entonces, se logró establecer que fue “el litigante quien indujo, ordenó y promovió a los funcionarios públicos en Córdoba para hacerse a los dineros del erario a su favor y de terceros con el cobro del reconocimiento de las pensiones”, concluía el delegado acusador.