Oscar Leonardo Rincón
Miembro del Observatorio Laboral
Pontificia Universidad Javeriana

En febrero del 2026, el Dane confirmó que la desocupación nacional llegó al 9,2 %, el nivel más bajo para ese mes desde 2001. El país pasó de 2,97 millones de desempleados a 2,45 millones en un año. 624.000 colombianos más tienen hoy un empleo que hace 12 meses. El titular es verdadero.

Pero los promedios nacionales tienen una propiedad particular: esconden exactamente lo que más importa.

La geografía

En el trimestre diciembre 2025 - febrero 2026, Quibdó registró una desocupación del 26,3 %; Bogotá, 8,2 %. Esa diferencia de casi 20 puntos coexiste dentro del mismo 9,2 %. Las políticas diseñadas para ese promedio pueden ser completamente inútiles en los territorios que más las necesitan. Quibdó no tiene el mismo diagnóstico que Bogotá y pretender que sí es un error de política pública, no solo de lectura estadística.

Las mujeres y los jóvenes

La desocupación femenina en febrero del 2026 fue 11,7 %; La masculina, 7,4 %. Esa brecha de 4,3 puntos es la más alta en toda la serie histórica. Una mujer enfrenta un riesgo de quedar desocupada 57 % mayor que un hombre. No es un dato marginal: refleja segregación ocupacional, barreras de acceso y concentración femenina en los sectores más precarios (servicios, comercio, trabajo doméstico). El crecimiento agregado del empleo no la está tocando.

Los menores de 25 años muestran el mismo patrón. Su desocupación fue 16,5 %, frente a un promedio nacional de 9,4 %. Casi el doble. Que la tasa general baje mientras la juvenil se mantiene tan por encima no es una coincidencia: es evidencia de que el nuevo empleo no está llegando a quienes entran por primera vez al mercado laboral.

Lo que creció y lo que se cayó

Los 624.000 nuevos empleos tampoco se distribuyeron sectorialmente de forma neutral. Las actividades profesionales y científicas ganaron 250.000 puestos. Salud, educación y administración pública, 244.000. Pero la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdió 363.000 empleos. El sector pasó de emplear 3,35 millones de personas a 2,99 millones: una caída del 10,8 % en un solo año.

Las causas son concretas: crisis en cultivos de ciclo corto como arroz y papa, caída en precios del cacao, pérdidas en avicultura y piscicultura, y el golpe específico a la floricultura por la combinación de caída del dólar, aranceles de EE UU y aumento del salario mínimo. El empleo que desaparece en el agro es rural, poco credencializado, distribuido en territorios que no pueden competir por los nuevos puestos en servicios especializados. No es un remplazo, es una fractura.

El empleo que existe pero no protege

La informalidad en febrero del 2026 fue 55,3 %. En febrero del 2025 era 55,6 %. Prácticamente igual. Si el empleo total creció en 624.000 personas y la informalidad no bajó, la conclusión es aritmética: casi todo el empleo nuevo fue informal. En zonas rurales y centros poblados, la informalidad agropecuaria llegó al 85,7 %.

A eso se suma que los trabajadores no asalariados (cuenta propia, independientes) crecen al 4,3 % anual, mientras los asalariados crecen al 3,4 %. Colombia está generando más empleo autónomo que empleo con protecciones. Para estos trabajadores el empleo existe en las estadísticas, pero no existe el acceso a pensión, ni el seguro de desempleo, ni la estabilidad mínima.

El salario mínimo contra la inflación

El aumento del salario mínimo fue 23 % nominal. La inflación a marzo del 2026 fue 5,56 %. La ganancia real es aproximadamente 17 %, no 23 %. Y para los trabajadores que ganan por debajo del mínimo (una proporción grande de los ocupados informales), ese aumento ni siquiera aplica. Su poder adquisitivo se deteriora mes a mes sin ninguna compensación.

Los 1,5 millones que se fueron

En los primeros tres meses del 2026 se registraron 1,51 millones de movimientos migratorios de colombianos al exterior. Los destinos principales (EE UU, España, Canadá) son países donde un trabajador colombiano puede ganar entre 4 y 5 veces el salario mínimo local en empleos comparables. Cuando la diferencia es de esa magnitud, migrar deja de ser el último recurso. Se convierte en una decisión económica racional, sobre todo para jóvenes con educación.

Leer ese flujo junto a una desocupación juvenil de 16,5 % y una informalidad de 55,3 % no produce una lectura optimista. Produce la imagen de un mercado laboral que crea empleo en el agregado pero no resuelve por qué las personas buscan sus oportunidades en otro país.

El número es correcto. La historia es más larga

El 9,2 % es real. La reducción de medio millón de desempleados en un año es genuina. Pero cuando se lee el mercado laboral desde la geografía, el género, la edad, el sector y la calidad del empleo, el cuadro cambia.

La mejora no llega a Quibdó. No llega a las mujeres ni a los jóvenes al mismo ritmo. Se concentra en sectores urbanos de alta calificación mientras destruye empleo rural. Y se expresa mayoritariamente en puestos informales sin protecciones.

El riesgo de una lectura triunfalista del 9,2 % no es solo político. Es técnico. Si la política pública parte del promedio, deja sin atender a los territorios con 26 % de desocupación, a las mujeres con la brecha de género más alta de la historia, a los jóvenes que no logran insertarse y a los trabajadores rurales que perdieron su empleo en la floricultura o en los cultivos de ciclo corto.

Los números no están equivocados. Cuentan una parte muy pequeña de una historia mucho más compleja. Y esa parte pequeña no debería ser la que guía las decisiones de política laboral.

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