Luego de que la Corte Constitucional declaró infundadas las objeciones del Presidente de la República al proyecto de ley que contempla medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, el Gobierno acaba de sancionar esa iniciativa, aprobada por el Congreso el año pasado. Las entidades promotoras de salud (EPS) de ambos regímenes, las entidades territoriales responsables en la atención a la población pobre no asegurada, los regímenes de excepción y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas y privadas deben garantizar el acceso, la oportunidad y la calidad en la atención integral a esta población, en los términos definidos en el plan obligatorio de salud (POS), señala uno de los apartes de la Ley 1414 del 2010.