El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto que busca reglamentar los requisitos para el depósito de pactos colectivos en Colombia, con el objetivo de evitar que estas figuras sean utilizadas para afectar el derecho de asociación sindical y la negociación colectiva.

La iniciativa adicionaría un nuevo capítulo al Decreto 1072/15 y establecería controles para verificar que los acuerdos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados no generen prácticas antisindicales. (Lea: Presentan sistema para consultar historial de radiación de trabajadores)

Se propone que los pactos colectivos cumplan varios requisitos para ser depositados ante el Ministerio del Trabajo. Entre ellos se encuentran actas de asambleas de trabajadores no sindicalizados, listas de asistencia, documentos sobre la negociación y certificaciones empresariales que acrediten que los beneficios otorgados no son iguales, equivalentes o superiores a los establecidos en convenciones colectivas vigentes. Además, las empresas tendrán que reportar el número de trabajadores sindicalizados y presentar comparativos económicos y no económicos entre los pactos y las convenciones laborales.

Inspección laboral evaluará posibles afectaciones sindicales

La propuesta señala que los inspectores del trabajo contarán con un plazo de 15 días hábiles para aprobar o negar el depósito de los pactos colectivos. Durante ese análisis, deberán verificar si en la empresa existen sindicatos que agrupen a más de la tercera parte de los trabajadores y confirmar que los beneficios pactados no representen incentivos que desestimulen la afiliación sindical. En caso de incumplimientos, el pacto no produciría efectos legales y podrían iniciarse investigaciones administrativas por presuntas violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva.

Proyecto se apoya en jurisprudencia y estándares internacionales

El borrador del decreto cita decisiones de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que han advertido sobre el uso de pactos colectivos para debilitar organizaciones sindicales. Asimismo, la iniciativa plantea que Mintrabajo podrá revisar programas o beneficios empresariales que, aunque tengan otra denominación, funcionen materialmente como pactos colectivos. La medida aplicaría para acuerdos nuevos, renovados o prorrogados después de la entrada en vigencia del decreto.

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