Estado evita condena relacionada con contrato realidad en cárceles (4:30 p.m.)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó este miércoles que la Nación evitó una condena cuyo impacto fiscal y judicial hubiese sido ampliamente perjudicial para el Estado colombiano. El proceso comenzó cuando un grupo de reclusos, que desarrollaron actividades ocupacionales en un complejo carcelario y penitenciario, ubicado en Ibagué (Tolima), interpusieron una demanda laboral contra una empresa comercial de alimentos y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Lo anterior porque pretendían que se declarara la existencia de un contrato verbal de trabajo a término indefinido y, como consecuencia, solicitaban el pago de las prestaciones sociales derivadas de dicha relación jurídica. También solicitaron vincular al Inpec al pago de la supuesta deuda laboral, en la medida en que fue la entidad beneficiaria de la labor desempeñada por los internos. Un juzgado laboral del circuito de Ibagué resolvió la existencia del contrato de trabajo entre los reclusos y la Sociedad Proalimentos Liber SAS y declaró responsables a las otras entidades demandadas. Ante la decisión de esta primera instancia, el Inpec y Andje interpusieron recurso de apelación y el proceso llegó al conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que revocó la sentencia de primera instancia, acogiendo los argumentos de ambas entidades. Dicha estrategia de defensa  se apoyó en los alcances dados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a las relaciones de especial sujeción existente entre los reclusos y el Estado.