Buscan regular asignación de plazas y escenarios de práctica laboral

Ante la Secretaría General del Senado de la República fue radicado el proyecto de ley 235/24S, mediante el cual buscan facilitar la asignación de plazas o escenarios de práctica laboral, la práctica de judicatura y pasantías requeridas por las instituciones educativas.

La iniciativa, promovida por los congresistas del Partido Mira, Manuel Virgüez, Ana Paola Agudelo, Carlos Guevara e Irma Luz Herrera, “pretende incluir toda tipología de prácticas que se realicen en el marco de las instituciones de educación, incluyendo educación técnica y tecnológica de forma tal que todos los estudiantes pasantes sean tenidos en cuenta, incluyendo a los estudiantes que se formen en educación superior de posgrado, de educación para el trabajo y desarrollo humano, de formación profesional integral del Sena, así como de toda la oferta de formación por competencias”.

Según el proyecto, para la asignación de plazas las instituciones educativas podrán realizar convenios con entidades privadas del orden nacional e internacional, y podrán asignarlas en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, este sistema deberá definir dentro de sus motores de búsqueda la categoría de prácticas, pasantías o judicatura para facilitar el acceso a las plazas y verificar la celebración de la vinculación, que deberá ser reportada por el empleador.

Las instituciones de educación superior que dentro de su plan de estudios exijan la práctica profesional en áreas del conocimiento que no estén regladas por ley deberán generar alternativas al requisito obligatorio de grado de pasantías, con el fin de facilitar la culminación del plan de estudios sin afectar la calidad de la educación, créditos a aprobar y estándares exigidos por el campo. Estas alternativas aplicarán cuando el estudiante no haya podido acceder a una práctica dentro de la oferta gestionada por la institución en el curso de tres meses.

Finalmente, la iniciativa establece que el Ministerio del Trabajo, junto al Departamento Administrativo de la Función Pública, las instituciones educativas y el sector privado deberán flexibilizar los horarios de las prácticas con el fin de permitir a los estudiantes su realización.

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