Colpensiones alerta dificultades financieras por freno judicial al traslado de recursos pensionales
Colpensiones alerta dificultades financieras por freno judicial al traslado de recursos pensionales
12 de Mayo de 2026
El Gobierno nacional manifestó su preocupación por la suspensión provisional del Decreto 415 del 2026, decisión adoptada por el Consejo de Estado el pasado 11 de mayo. Según un comunicado conjunto de los ministerios de Hacienda y Trabajo, junto con Colpensiones, la medida impide el traslado de recursos de trabajadores que decidieron cambiarse del régimen privado al público, en el marco de la reforma pensional establecida en la Ley 2381 del 2024.
Riesgos para la sostenibilidad del sistema
Las entidades señalaron que la suspensión genera un impacto sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, debido a que Colpensiones no podría asumir el pago de obligaciones pensionales sin recibir previamente los recursos administrados por los fondos privados. Además, indicaron que la Ley 2381 del 2024 permanece suspendida por decisión de la Corte Constitucional, por lo que continúa vigente el régimen establecido en la Ley 100 de 1993. (Lea: Petro cuestiona suspensión de decreto sobre traslados pensionales).
Pronunciamientos del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión judicial mediante varios mensajes publicados en la red social X. El mandatario aseguró que la determinación afecta el derecho a la pensión de los trabajadores y pidió demandar penalmente al magistrado ponente por presunto prevaricato. Asimismo, compartió el contenido del artículo 76 de la reforma pensional, relacionado con la administración de los recursos por parte de los fondos privados mientras se consolida la pensión.
Recursos seguirán destinados al pago de pensiones
Los ministerios y Colpensiones reiteraron que los recursos en discusión continúan teniendo destinación exclusiva para la seguridad social y el pago de pensiones. También advirtieron que impedir el traslado de los ahorros hacia Colpensiones podría representar un mayor riesgo para los afiliados, debido a que la administradora pública no tendría cómo financiar las obligaciones pensionales sin contar con esos recursos.
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