Carlos Mario Lazcano Álvarez
Abogado

En el mundo del fútbol profesional es de público conocimiento que la relación entre un jugador y su club debe regirse por un contrato de trabajo, tal como lo establece nuestro marco jurídico. Sin embargo, a lo largo de los años, los clubes han incorporado una figura que, bajo la apariencia de garantizar “estabilidad contractual”, ha generado intensos debates: las cláusulas de rescisión.

Estas cláusulas establecen el régimen al que se somete el jugador, considerando las particularidades de la actividad deportiva profesional. En la práctica, funcionan como un mecanismo de control que condiciona la movilidad del futbolista, pues le imponen el pago de una suma de dinero –en ocasiones desproporcionada– si decide terminar unilateralmente el contrato sin justa causa.

En teoría, este pacto se basa en la voluntad del trabajador, quien acepta la obligación de compensar económicamente al club en caso de ruptura intempestiva. No obstante, la realidad muestra que los valores fijados suelen ser excesivos y, en muchos casos, muy superiores a la remuneración que recibe el jugador por el ejercicio de su profesión.

Esto plantea una pregunta crucial: ¿realmente existe libertad cuando el futbolista no puede decidir sobre su futuro sin enfrentar consecuencias económicas desmedidas? El derecho fundamental al trabajo se ve seriamente comprometido, pues estas disposiciones terminan por atar la carrera del jugador a la voluntad del club, convirtiendo la relación laboral en una especie de “cautiverio contractual”.

Desde una perspectiva legal, aunque la cláusula de rescisión se justifica en la autonomía de la voluntad, en el ámbito laboral colombiano no existe una regulación expresa que permita rescindir el contrato de esta manera. Por ello, su naturaleza jurídica se asimila a la de la cláusula penal, prevista en nuestro ordenamiento civil y comercial.

La cláusula penal, a diferencia de lo que ocurre en el deporte, establece límites claros: cuando el valor acordado por las partes como tasación anticipada de perjuicios supera el doble de la obligación principal, se considera “enorme”.

En estos casos, la ley otorga al juez la facultad de reducir el monto hasta un límite razonable, garantizando así la protección de la parte más débil y evitando abusos.

Es importante resaltar que este mecanismo no implica la terminación del contrato, sino únicamente la adecuación del valor a lo legalmente permitido, asegurando un balance entre el derecho del empleador a proteger su inversión y el derecho del trabajador a no ser sometido a cargas desproporcionadas.

En conclusión, el fútbol profesional no puede ser un terreno exento de los principios laborales que rigen cualquier otra actividad. Si bien es comprensible que los clubes busquen proteger sus intereses frente a inversiones significativas, no es legítimo que esta protección se traduzca en la restricción de la libertad de los jugadores.

Las cláusulas de rescisión, en su concepción actual, se han convertido en una espada de doble filo: mientras garantizan cierta estabilidad a los clubes, pueden coartar la movilidad y el desarrollo profesional de quienes, paradójicamente, son la esencia misma del espectáculo deportivo.

En este contexto, el llamado es a que las autoridades laborales y judiciales vigilen que estas estipulaciones respeten los límites legales, de modo que no se sacrifiquen derechos fundamentales en aras de intereses económicos, pues el equilibrio entre la seguridad contractual y la libertad del trabajador debe ser el verdadero gol que marque el rumbo de la regulación en el fútbol colombiano.

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