El Ministerio del Trabajo publicó el proyecto de decreto que propone reglamentar la exigibilidad del traslado de recursos desde el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) hacia el régimen de prima media administrado por Colpensiones, conforme al artículo 76 de la Ley 2381/24.

La medida busca que los ahorros pensionales de quienes ejercieron la oportunidad de traslado sean administrados por la entidad que asume el riesgo, con el propósito de mantener coherencia normativa y fortalecer la sostenibilidad del sistema.

De acuerdo con información oficial, al 5 de febrero del 2026 se registraron 119.632 afiliados del RAIS que solicitaron el traslado al régimen público. Este grupo se dividió entre quienes ya han consolidado su derecho pensional y quienes aún no lo habrían alcanzado, aunque integrarían el colectivo asegurado. Sobre los pensionados, el Ejecutivo señala que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deberán transferir la totalidad de recursos acumulados.

El proyecto plantea que las AFP trasladen el capital acumulado y sus rendimientos en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto, el cual derogaría normas contrarias, incluido el Decreto 1225/24.

La iniciativa responde a la necesidad de actualizar un esquema que no ha sido renovado desde el 2009, lo cual fue señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia T‑294/25 al advertir riesgos para la garantía del derecho a la pensión, donde se determinó que la ausencia de adopción de planes anuales de extensión de cobertura de los subsidios otorgados por la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional desde 2009 representa una potencial afectación a derechos fundamentales de la población beneficiaria.

Las observaciones al proyecto de norma

Entre el 17 de diciembre del 2025 y el 2 de enero del 2026, el proyecto recibió 32 comentarios de la ciudadanía, de los cuales fueron aceptados 13.

Algunos aspectos que se modificarían:

• Redefinir los requisitos para acceder al subsidio, reduciendo la exigencia previa de 650 semanas para algunos grupos y estableciendo un mínimo de 300 semanas cotizadas para la mayoría de beneficiarios.

• Incorporar reglas de permanencia, establecer causales de suspensión y contemplar la posibilidad de suspender preventivamente una afiliación ante indicios de irregularidades. Así mismo, ajustar los tiempos del subsidio para garantizar que este acompañe al beneficiario hasta completar las semanas necesarias para obtener la pensión de vejez.

El informe adjunto a esta nota contiene las observaciones y comentarios al proyecto de decreto, también adjunto, con la respuesta de si fueron acogidos o no por parte del Ministerio del Trabajo. 

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