Édgar David Pérez Sanabria
Abogado de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho con profundización en Derecho Laboral y Seguridad Social

Con el inicio de la vigencia del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS, Ley 2452 de 2025), se percibe un ambiente particular: una combinación de entusiasmo institucional, expectativa ciudadana y una creciente inquietud que se intensifica a medida que se examinan –con detenimiento– los detalles de la reforma. No es para menos. Nos encontramos ante la transformación procesal laboral más profunda de las últimas décadas, un rediseño normativo que anuncia eficiencia, celeridad y modernización. (Ver  ANÁLISIS: La conciliación en el proceso especial de fuero sindical en el marco de la Ley 2452 de 2025)

Sin embargo, el optimismo no puede derivar en ingenuidad. El Código incorpora avances relevantes, es cierto, pero también deja silencios inquietantes y plantea riesgos que no pueden soslayarse. La técnica legislativa evidenció vacíos que, de no abordarse oportunamente, trasladarán a los jueces la tarea de completar la ley mediante la interpretación. Y cuando la interpretación judicial reemplaza la claridad normativa, la seguridad jurídica se debilita y los ciudadanos quedan expuestos a respuestas disímiles.

Conviene afirmarlo sin ambages: estas reflexiones no cuestionan el esfuerzo de la Corte Suprema al presentar el proyecto. El problema no reside en la intención, sino en la versión final adoptada por el Congreso. Una reforma procesal no se valora por la formulación de buenas ideas, sino por su capacidad efectiva de operar en la realidad de los despachos judiciales, las audiencias y los tiempos del proceso.

(i) El proceso monitorio: una buena idea, justificada, pero con un ámbito de aplicación restringido

El proceso monitorio laboral fue concebido como un instrumento orientado a agilizar el reconocimiento de obligaciones claras, incluso en ausencia de un título previo. En el plano teórico, se advierte como un mecanismo adecuado para descongestionar la jurisdicción y resolver con prontitud conflictos evidentes; no obstante, su diseño normativo lo circunscribió a controversias cuya cuantía no supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Esta restricción lo convierte en un proceso monitorio “menor”, útil únicamente para litigios de escasa entidad económica, dejando al margen la mayoría de los conflictos laborales en los que la celeridad resulta verdaderamente necesaria y cuya naturaleza permitiría un impacto real en materia de descongestión judicial.

A esta limitación se suma una controversia que ya comienza a suscitar debate: ¿corresponde su conocimiento al juez municipal, atendiendo al criterio de la cuantía, o al juez laboral del circuito, por tratarse de un procedimiento especial?

La sola formulación de esta interrogante evidencia una falencia estructural de diseño. Más preocupante aún es que algunos despachos ya anticipan resistencia para asumir este tipo de procesos, no por razones jurídicas, sino por factores asociados a la carga de trabajo y a los indicadores estadísticos. El proceso monitorio, incluso antes de iniciar su funcionamiento práctico, enfrenta obstáculos institucionales que tensionan la distribución de competencias entre jueces municipales y del circuito. Una señal poco alentadora para un mecanismo llamado, precisamente, a aliviar la congestión judicial.

(ii) Casación laboral: cuando la cuantía se erige como barrera

El nuevo umbral de 150 SMLMV para acceder al recurso extraordinario de casación constituye, quizá, la modificación más controvertida del Código. Algunos intérpretes sostienen que esta exigencia sería aplicable a todo recurso presentado con posterioridad al 2 de abril de 2026, aun cuando el proceso se hubiese tramitado íntegramente bajo el régimen anterior.

De consolidarse esta postura, se verían comprometidos principios fundamentales, entre ellos:

• el principio de legalidad,

• la ultraactividad de la ley procesal,

• la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos laborales.

La casación no es un privilegio reservado a litigios de elevada cuantía. Se trata de un mecanismo esencial de unificación jurisprudencial, indispensable para asegurar coherencia y estabilidad en asuntos que inciden directamente en los derechos de miles de trabajadores. Convertir la cuantía en un filtro excluyente equivale a restringir el acceso a la justicia de quienes más requieren ese control judicial. En los hechos, supone una regresión revestida de modernización.

Este debate no es reciente. Ya fue objeto de análisis en el marco de la Ley 1395 de 2010, examinada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-372 de 2011. En dicha providencia se advirtió el carácter regresivo y desproporcionado del aumento de la cuantía para acceder al recurso extraordinario de casación, al afectar los compromisos del Estado colombiano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, con apoyo en la Observación General No. 14 de las Naciones Unidas. Allí se precisó que, para justificar medidas regresivas, “en comparación con los estándares anteriores de garantía judicial en materia de casación, la medida implica un paso hacia atrás que impide a la Sala Laboral de la Corte Suprema cumplir su rol de control de validez, unificación de jurisprudencia y protección de garantías laborales en un número muy significativo de casos que en el pasado sí podían llegar a su conocimiento”.

El incremento introducido por el nuevo Código vuelve a exceder los parámetros de progresividad. El aumento de la cuantía representa un 25 % adicional respecto del umbral anterior, en detrimento del derecho del ciudadano a acceder al estudio de la Corte Suprema, al cual se suma el incremento del 23,7 % del SMLMV para el año 2026. En palabras de la Corte Constitucional, esta combinación “implica un desconocimiento del derecho la administración de justicia con fuertes implicaciones en el ejercicio de las garantías laborales (art. 53), y de la garantía de las prestaciones propias de la seguridad social”.

Para el usuario del sistema judicial, el escenario plantea dos resultados igualmente problemáticos: incluso si se aceptara que la nueva cuantía solo es exigible para procesos radicados con posterioridad al 2 de abril de 2026, el diseño normativo resulta manifiestamente desproporcionado; pero si se extendiera dicha exigencia a procesos en curso tramitados bajo el régimen del Decreto 2158 de 1948, la medida adquiriría un carácter abiertamente regresivo, configurando una vulneración de los valores fundamentales protegidos por el marco de derechos humanos desarrollado en la Observación General No. 14 de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(iii) Reparto nacional: especialidad sí, improvisación no

El Código establece que los procesos sustentados exclusivamente en prueba documental ingresen al sistema de reparto nacional. En términos abstractos, la iniciativa resulta razonable: redistribuir la carga laboral y agilizar la adopción de decisiones judiciales.

No obstante, su implementación comporta un riesgo evidente. Si el reparto no se limita de manera estricta a juzgados laborales, asuntos propios de esta jurisdicción podrían terminar asignados a despachos civiles o mixtos, en los cuales la especialización no está garantizada.

La justicia laboral no puede quedar supeditada a la buena voluntad interpretativa de un juez formado en una disciplina distinta. La especialidad no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía estructural para trabajadores y empleadores. Sin ella, la coherencia jurisprudencial se fragmenta y la calidad de las decisiones jurisdiccionales se ve afectada.

(iv) ¿Desaparece la tutela en los casos de fuero? Un espejismo peligroso

El Código introduce procesos especiales para la protección de situaciones como la maternidad, el fuero sindical, la enfermedad, el acoso laboral y la condición de prepensionado. A partir de esta regulación, algunos han sostenido que la acción de tutela dejaría de ser necesaria en estos escenarios. Tal interpretación resulta, cuando menos, excesivamente optimista.

La realidad judicial evidencia un panorama distinto:

•  La infraestructura disponible no soporta los plazos ideales trazados por la ley.

• Las agendas de audiencias se encuentran ampliamente congestionadas,

•   El Código no prevé consecuencias claras frente al incumplimiento del término de seis meses establecido para el proceso especial.

Mientras estas condiciones persistan, la tutela continuará siendo un instrumento indispensable para la protección efectiva de trabajadores en situación de especial vulnerabilidad. La ley no elimina la debilidad manifiesta, ni puede neutralizar, por vía indirecta, los mecanismos constitucionales dispuestos para salvaguardarla. Pretender lo contrario implica desconocer la realidad cotidiana de los despachos judiciales.

(v) El acoso laboral y la trampa de la doble vía

El proceso especial de acoso laboral introduce una dualidad particularmente problemática:

• dos años de prescripción cuando se solicita el reintegro mediante el proceso especial,

• tres años de prescripción cuando se persigue la indemnización por la vía del proceso ordinario.

En la práctica, el escenario más frecuente será formular el reintegro como pretensión principal y la indemnización como pretensión subsidiaria. Sin embargo, la redacción normativa permite que el juez tramite exclusivamente el proceso especial, niegue el reintegro y se abstenga de pronunciarse sobre la indemnización, bajo el argumento de que esta corresponde a un trámite distinto.

El resultado sería paradójico: un litigio fragmentado, mayor carga para el sistema judicial y un ciudadano obligado a iniciar nuevamente el recorrido procesal. De este modo, una reforma que prometía simplificación podría terminar generando mayores obstáculos en el acceso efectivo a la justicia.

El nuevo CPTSS constituye un avance relevante, pero también confirma que las reformas procesales no se agotan en el texto legal. Requieren infraestructura adecuada, coherencia interpretativa, formación judicial y, sobre todo, un compromiso auténtico con el acceso real a la justicia.

Hoy, más que celebrar, corresponde advertir. El Código ya se encuentra vigente; lo que está en juego ahora es su aplicación. En esta fase, jueces, litigantes, académicos y ciudadanía deberán construir un camino común que evite que los vacíos normativos se transformen en vacíos de justicia. La reforma puede convertirse en una oportunidad histórica, pero solo si se reconoce (sin eufemismos) que la reflexión debe ser profunda y orientada a las necesidades de infraestructura, a la adopción de una cultura judicial coherente con los principios que sustentan la autonomía del procedimiento laboral y al compromiso irrestricto de servir al ciudadano, verdadero destinatario de la función judicial para quienes integran la comunidad jurídica: jueces, abogados y usuarios. El verdadero trabajo apenas comienza.

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