El Ministerio de Salud modificó el procedimiento para la liquidación de aportes al sistema de seguridad social integral por parte de los trabajadores independientes. Esta medida surge como respuesta a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que ordenaron reglamentar la presunción de ingresos basándose en indicadores de capacidad de pago y la realidad financiera de los ciudadanos.

En consecuencia, la normativa busca proporcionar un marco jurídico sólido tras la declaratoria de inexequibilidad de disposiciones anteriores que regían este proceso recaudatorio.

Ajuste a la realidad económica

La actualización del esquema de presunción de costos resulta fundamental debido a los cambios significativos en el mercado laboral y el impacto de la inflación en los diferentes sectores productivos del país. Por esta razón, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) tiene la responsabilidad de determinar porcentajes de gastos representativos para cada actividad económica, utilizando datos estadísticos de entidades como el Dane, el Banco de la República y la Dian. De este modo, se pretende que la base de cotización de los contratistas e independientes por cuenta propia se ajuste estrictamente a sus ingresos netos reales. (Lea: Minsalud modificaría formulario único de afiliación al sistema de riesgos laborales)

Nuevo procedimiento de liquidación

El artículo primero del decreto establece un protocolo de tres pasos que los trabajadores deben seguir de manera obligatoria para efectuar sus pagos de seguridad social. Inicialmente, el aportante debe determinar su ingreso bruto total; posteriormente, debe descontar los costos asociados a su labor, ya sea mediante soportes documentales bajo el Estatuto Tributario o aplicando el esquema de presunción de la UGPP. Finalmente, el usuario debe calcular y realizar el aporte correspondiente sobre el ingreso neto resultante, garantizando así el cumplimiento de sus obligaciones prestacionales.

La normativa otorga facultades a la UGPP para solicitar los soportes físicos que sustenten los costos declarados por los trabajadores independientes durante su ejercicio profesional. En caso de que el aportante no cuente con dichos documentos, la entidad aplicará automáticamente el coeficiente de costos establecido para su actividad principal según la última declaración de renta presentada.  

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