El magistrado le pidió al Senado de la República que le permita apartarse por dos meses de su cargo, para concentrarse en su defensa por el supuesto hecho de corrupción que se le endilga. Al mismo tiempo, acusó a su colega Luis Ernesto Vargas de cometer un delito, por realizar una grabación que tilda de ilegal de la conversación en la que el abogado Víctor Pacheco le habría informado de la petición de $ 500 millones para favorecer a Fidupetrol. Pretelt sostiene que se trata de una prueba “clandestina, adulterada y dirigida” y cuestionó que tanto Vargas como Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio guardaran silencio ante tan graves señalamientos. Según dice, fue el propio Víctor Pacheco quien le ayudó a Mendoza a conseguir la financiación para el encuentro anual de la corporación que, en el 2012, tuvo lugar en Barranquilla (Atlántico); según él, su colega no solo niega esta colaboración sino la amistad de muchos años que los une. Para él, se trata de una componenda para apartarlo de la presidencia de la Corte Constitucional, todo lo cual lo ha llevado a convencerse de que no debe renunciar a su cargo como magistrado de esa corporación.