Terceros proveedores de servicios no pueden ser sujetos de intervención por parte de Supersociedades: CTCP

Así lo indica el Consejo Técnico de la Contaduría Pública al precisar el comunicado de la Sentencia C-533 del 2019 de la Corte Constitucional, con la cual dio alcance a la Sentencia C-145 del 2009. En esta se declaró la exequibilidad del artículo quinto del Decreto 4333 del 2008. (Lea: Responsabilidad por captación ilegal de recursos recae independientemente de que sea directa o indirecta)

Previa demanda interpuesta del mencionado artículo por parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos, en el nuevo pronunciamiento se aclara que en la sentencia del 2009 se declaró inconstitucional la expresión “o indirectamente”, porque se corre el riesgo de hacer destinatarios de las medidas de intervención a terceros de buena fe.

Según explica el CTCP, la corte expresó que la decisión se hizo bajo el entendido de que los terceros proveedores de bienes y servicios, entre los cuales se hallan revisores fiscales y contadores, que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Lo anterior dado que las actividades y operaciones que la superintendencia vigila no pueden extender responsabilidad a terceros distintos de quienes entregaron recursos. Haciendo referencia, por ejemplo, a empleados y proveedores que, en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa o de sus actividades económicas correctas legítimamente, proveyeron servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas.

Así las cosas, tal decisión limita la intervención de Superintendencia de Sociedades del patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de entidades intervenidas, asumiendo que eran vinculados directos y no indirectos, concluye el CTCP en un comunicado.

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Comunicado, 11/20/2019 )