SIC formuló cargos contra varias distribuidoras de combustibles líquidos

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Organización Terpel S.A., Chevron Petroleum Company, Biomax Biocombustibles S.A., Primax Colombia S.A., la Asociación de distribuidores minoristas de combustible y derivados del petróleo de Nariño (Adiconar) y 46 distribuidores minoristas de combustible líquido, por la presunta coordinación y ejecución de una estrategia tendiente a obstaculizar el ingreso de nuevos agentes mayoristas al mercado de distribución de combustibles en el departamento de Nariño. 

Según la normativa aplicable para la distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera, si un distribuidor mayorista construye una planta de abastecimiento en el departamento de Nariño, tendrá el primer orden de prelación para desarrollar actividades de distribución en ese departamento. Esto implica que los demás distribuidores mayoristas solo pueden atender la demanda de combustibles que no hubiera atendido el distribuidor que tuviera el primer orden de prelación. (Lea: Inician mesas de trabajo para establecer la hoja de ruta del ajuste del precio del ACPM). 

En este sentido, en el pliego de cargos la SIC requirió a los investigados explicación sobre el ejercicio masivo, reiterado e injustificado de más de 45 acciones judiciales y administrativas ante diversas autoridades para impedir que nuevos distribuidores mayoristas construyeran plantas de abastecimiento en el departamento de Nariño, con lo que presuntamente pretendían que ningún agente pudiera obtener el primer orden de prelación para la actividad de distribución. 

La estrategia anticompetitiva que la SIC investiga habría logrado que el esquema de abastecimiento definido por la regulación, para incentivar la construcción de plantas de abastecimiento en Nariño, fuera suspendido, en detrimento de los consumidores de dicho departamento. 

En caso de que se comprueben las conductas mencionadas, la SIC podrá imponer a cada persona jurídica multas de hasta de 100.000 SMLMV, equivalentes a $116.000.000.000 y a las personas naturales que hubieran colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas anticompetitivas, multas de hasta de 2.000 SMLMV, equivalentes a $2.320.000.000 

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