El Consejo de Estado, dirimiendo un conflicto negativo de competencias administrativas,  resolvió que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para pronunciarse en una solicitud de la Universidad del Rosario sobre la implementación de sistemas que mejoren las condiciones de la reglamentación del medio de pago y acceso al servicio de transporte “Tullave”. Dicha solicitud está encaminada a promover actuaciones administrativas de protección al interés general y a los derechos de los consumidores usuarios del SITP y, por consiguiente, la entidad debe activar el ejercicio de las funciones de control y vigilancia propiamente administrativas,  de que trata el artículo 59 de la Ley 1480 del 2011 (C. P. Germán Alberto Bula).