Los prestadores de servicios públicos domiciliarios no pueden exigir al suscriptor y/o usuario el pago de los valores de la factura que están en reclamación como requisito para atender recursos relacionados, ni emplear dicha herramienta como mecanismo de coerción para impedir que los usuarios hagan uso de cualquier otro derecho, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos. Los usuarios solo deben acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de discusión o el promedio del consumo de los últimos cinco periodos. Una vez resuelta una reclamación, sea apelación o reposición, el usuario no podrá reclamar nuevamente por la suma que fue objeto de la decisión, en virtud de la aplicación del principio constitucional de cosa juzgada.