Los acuerdos de pago suscritos entre las empresas prestadoras de servicios públicos y los usuarios morosos son independientes y autónomos respecto de los contratos de condiciones uniformes, aunque sean paralelos, pues son nuevos títulos que permiten hacer exigibles las obligaciones establecidas en ellos. Por lo tanto, no se rigen por la Ley 142 de 1994, sino por las disposiciones de autonomía de la voluntad y obligaciones entre la partes previstas en el Código Civil. Así lo precisó la Superintendencia de Servicios Públicos, en concepto de febrero.