El Consejo de Estado negó la suspensión provisional del acto administrativo por medio del cual el Presidente de la República habilitó al Ministerio de Defensa para establecer los lineamientos para otorgar o no permisos en cuanto al porte de armas de fuego (parágrafo del artículo 1º del Decreto 2362 del 2018). Para la Sala, no es evidente que esta disposición desconozca la autoridad presidencial constitucional en materia de orden público. Además, considera que en esta etapa del proceso no se vislumbra el desconocimiento de los requisitos para la tenencia y porte de armas y las condiciones para su suspensión. La providencia explica que los demandantes no argumentaron por qué esta norma provocaría el desconocimiento de la prohibición para promover o posibilitar el funcionamiento de grupos de civiles armados organizados (C. P. Oswaldo Giraldo López).