La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de suspensión del ejercicio de la profesión durante 24 meses y el pago de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a una abogada que retardó la entrega de dineros a su representada sin justificación alguna. Así, la Sala encontró proporcional dicha penalidad teniendo en cuenta que el ejercicio de la abogacía exige mayor rigor en virtud de las funciones que realizan y por ser quienes actúan defensores del Derecho y la justicia. De igual forma, fue un agravante para la situación de la profesional haber utilizado estos valores en provecho propio o de un tercero. Por último, el sentenciador recordó a los profesionales del Derecho que la devolución de dineros obtenidos en virtud de las gestiones laborales deben realizarse con la mayor brevedad posible (M. P. Carlos Cano).