La decisión administrativa de dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador oficial por ajustes de reestructuración tiene una causa de origen legal, pero no está tipificada como justa causa para el despido, por lo que el trabajador tiene derecho, en este caso, a reclamar los salarios correspondientes al tiempo que falte para cumplirse el plazo pactado o presuntivo, precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública, en reciente oficio. De otra parte, la entidad recordó que para la creación de nuevos cargos o la supresión de alguno de los actuales, es necesario un estudio técnico, sustentado en las razones del servicio o de la reorganización administrativa que busque la modernización de la entidad.