El pasado 6 de febrero, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)* le solicitó al Ministerio Público de ese país adherirse a las peticiones en el antejuicio  contra varios jueces y magistrados señalados de incurrir en el delito de prevaricato.

Esta acusación está fundamentada en el informe Jueces de la impunidad, presentado el 28 de noviembre del  2012, el cual forma parte de un ejercicio de análisis de la legitimidad de algunas decisiones de jueces guatemaltecos.

Según el informe, las deficiencias en las decisiones judiciales han abierto espacios de impunidad para los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

En ese sentido, la CICIG sostuvo que las resoluciones analizadas son síntomas de problemas que, en no pocos casos, vienen heredados de los años del conflicto armado y no se resolvieron, a pesar de claros compromisos asumidos en los acuerdos de paz para fortalecer al sistema judicial.

Por lo anterior, la CICIG solicitó adherir a los casos de nueve jueces que habrían participado, a través de sus providencias, de delitos como asociación ilícita, trata de personas, prevaricato y denegación de justicia, abuso de autoridad, supresión y alteración del estado civil, usurpación de atribuciones y retardo malicioso, entre otros.

* El Acuerdo constitutivo de la CICIG fue suscrito entre el Gobierno de Guatemala y  la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 12 de diciembre del 2006.