En palabras de la presidenta encargada, Martha Teresa Briceño, la iniciativa no guarda unidad de materia, porque tiene una esencia electoral y partidista y se incluye además una reforma de estructura y organización de la justicia. Añadió que la proposición para establecer un tribunal de aforados que se encargue de asumir el juzgamiento de magistrados y del Fiscal General no representa cambio alguno frente al esquema actual, que encomienda esa misión a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, dado que los integrantes del nuevo organismo tendrían el mismo origen político de aquella célula legislativa. A juicio del Consejo de Estado, no sería conveniente que el Presidente de la República elija a los integrantes del mencionado tribunal, ni siquiera cuando se trate únicamente de su conformación inicial. Además, dice no estar de acuerdo con la imposición de límites temporales a la competencia de la corporación para seguir eligiendo sus magistrados, como salida a la indefinición en ciertas selecciones; en su criterio, ello afectaría la autonomía que debe guiar el funcionamiento del poder jurisdiccional. Finalmente, expresó que si bien está de acuerdo con la reforma radical del Consejo Superior, no se adhiere al instrumento de remplazo que se debate en el Legislativo, “desde la perspectiva de la eficiencia y eficacia que persigue”. Como medida alternativa, el Consejo de Estado propone crear una “misión justicia”, que prepare un proyecto de reforma en que se planteen los cambios que, a su juicio, realmente necesitaría el poder jurisdiccional; consulte aquí la intervención ante el Congreso.