Red de clínicas jurídicas defiende que estudiantes presenten acciones de inconstitucionalidad

La semana pasada, la expresidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, reclamó a las universidades por la instrumentalización de las demandas de inconstitucionalidad como ejercicio académico.

La magistrada criticó que las instituciones, específicamente las facultades de Derecho, pusieran como tarea demandar normas ante el alto tribunal, e insistió en que hay métodos pedagógicos que pueden usarse para evitar la congestión que produce el sinnúmero de acciones provenientes de estudiantes. (Lea: ¿Deben las universidades poner como tarea demandar normas ante la Corte Constitucional?)

En respuesta a esta petición, la Red Colombiana de Clínicas Jurídicas de Interés Público calificó de inadecuadas las declaraciones, pues, a su juicio, se está generalizando la labor académica y desconociendo el trabajo clínico desarrollado para el diseño e implementación de acciones de altos estándares. (Lea: Acción de inconstitucionalidad no deber ser un divertimento o una tarea de profesores de Derecho: Corte)

En una comunicación enviada al alto tribunal, indicó que las afirmaciones estigmatizan los procesos pedagógicos de las instituciones educativas.

Así mismo, la misiva agrega que los espacios formativos abogan por un proceso educativo en el que desde la experiencia práctica se les enseña a los estudiantes de Derecho a identificar problemas jurídicos en la realidad y a plantear y desarrollar estrategias de litigio que permitan solucionarlos.

“El objetivo del proceso de formación es preparar abogados con las más altas calidades éticas y profesionales, que hagan un uso correcto y técnico de los mecanismos judiciales dispuestos por el constituyente y el legislador”.

Se explicó que, además del trabajo juicioso, serio, responsable y riguroso que realizan los estudiantes, existe la supervisión de profesores entrenados en el concepto clínico.

El grupo también reconoció que existen procesos judiciales iniciados para cumplir con cargas académicas y requisitos curriculares que, por lo mismo, carecen de las calidades y cualidades propias de la actuación ante la jurisdicción. “Pero justamente para estos escenarios la jurisprudencia de esta Corte ha dispuesto una serie de requisitos de admisibilidad a los que se condiciona el estudio de las acciones públicas de constitucionalidad”.

Finalmente, al recordar que los estudiantes también son ciudadanos, la red criticó que descalificar a las acciones por haber sido originadas en espacios formativos sería desconocer el carácter público de la acción de inconstitucionalidad.