“La soberanía sobre el territorio sirve de poco si los ciudadanos no pueden permanecer en él y ejercer los derechos y libertades de que son titulares”, concluyó el Consejo de Estado al condenar a la Nación por el desplazamiento forzado que generó la presencia del Ejército Nacional en Cartagena del Chairá (Caquetá) durante la ejecución del llamado Plan Patriota. Para la Sección Tercera, es imperioso que el Estado procure generar el mínimo de afectaciones a los bienes y vida de los administrados, a fin de que la ejecución del respectivo operativo militar no genere una desproporción entre los fines de preservación de la soberanía y la obligación de brindar garantías para la población civil que habita en las zonas de conflicto. La sala estableció que se produjo un daño antijurídico por falla en el servicio, al no tener en cuenta todas las exigencias del DIH en el desarrollo de este tipo de operaciones (C.P. Hernán Andrade).