La Corte Constitucional dio a conocer las razones de la exequibilidad del Decreto 2694 del 2010, expedido al amparo de la emergencia social y económica en los municipios fronterizos con Venezuela (Decreto 2693/10). A juicio del alto tribunal, la norma acató los requisitos formales fijados por ley y buscaba conjurar la crisis ocasionada por la ruptura de relaciones económicas con el vecino país. El decreto excluyó del impuesto sobre las ventas (IVA) la comercialización de varios productos dentro de los municipios de frontera y autorizó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a aceptar la cancelación de deudas propias por concepto de impuestos, sanciones e intereses, mediante la dación en pago de bienes inmuebles y muebles producidos en dicha zona (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).