La iniciativa radicada en el 2014 por el Ministerio de Vivienda avanza con ponencia positiva para tercer debate, en la Comisión Séptima del Senado de la República. El texto no propone modificaciones sustanciales a las aprobadas en el segundo debate, apenas adiciona la competencia que se les otorga a los curadores urbanos para revisar desarrollos urbanísticos que se localicen fuera de su jurisdicción en aquellos municipios que no cuenten con la figura de la curaduría. Recordemos que la iniciativa busca generar medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos. Así, por ejemplo, se establece la figura de la certificación técnica de ocupación una vez se concluyan las obras de construcción y previo a la ocupación de la nueva edificación, la cual deberá ser expedida por un supervisor independiente; este documento deberá ser protocolizado y elevado a escritura pública. En caso de que la edificación presente daños, dentro de los 10 años siguientes a la expedición del mencionado documento, el constructor o enajenador podrá amparar los perjuicios patrimoniales a través de su pecunio, garantías bancarias, productos financieros, seguros u otros. Por su parte, la iniciativa establece multas que oscilan entre los 25 y hasta los 300 salarios mínimos mensuales a los constructores que no cumplan con la normativa anteriormente mencionada.