El Ministerio de Educación modificó las secciones 3 y 5 del Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075/15. Esta disposición actualiza los requisitos de experiencia e idoneidad exigidos a los establecimientos educativos no oficiales, así como a las iglesias y confesiones religiosas que aspiren a ser contratadas por entidades territoriales certificadas, en los casos en que el sistema oficial de educación no pueda garantizar la cobertura necesaria.

Dentro de las principales modificaciones se establece que los establecimientos interesados en integrar el banco de oferentes deberán acreditar una experiencia mínima de cinco años en la prestación del servicio educativo y haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de lenguaje o lectura crítica y matemáticas, según los resultados de las pruebas Saber 3°, 5°, 9° u 11°, dependiendo del nivel educativo que ofrezcan. En caso de no contar con dichos resultados podrán acreditar su idoneidad mediante su clasificación en los regímenes de libertad regulada o libertad vigilada, conforme a lo dispuesto por el Mineducación. (Lea: Definen metodología para calcular percentil en contratación del servicio educativo)

Adicionalmente, el decreto introduce nuevos lineamientos para la contratación con iglesias y confesiones religiosas. Estas deberán demostrar una trayectoria mínima de cinco años en el sector educativo, así como evidencias de mejora continua en la calidad del servicio prestado. Su participación incluirá el acompañamiento pedagógico, la promoción de actividades académicas, culturales y deportivas, así como el apoyo en la implementación y ejecución del proyecto educativo institucional (PEI) mediante la vinculación del personal necesario.

Esta medida responde a la suspensión de las pruebas Saber en los niveles de básica, primaria y secundaria desde el año 2018, situación que ha limitado la evaluación de los posibles contratistas. Con los ajustes normativos incorporados, el Gobierno busca fortalecer los criterios de selección para garantizar que la contratación del servicio educativo por parte de entidades territoriales se realice con instituciones debidamente calificadas, promoviendo así una educación de calidad, con enfoque en la equidad, la eficiencia y la cobertura.

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