La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el Decreto 4580 del 2010, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social, ecológica y de grave calamidad pública. Según el Ministerio Público, el sustento de la declaratoria se fundamentó en “el impacto que tuvo la ola invernal en la realidad nacional, al extremo de desbordar el control y la capacidad de solución de los poderes ordinarios del Estado”. Consideró que fue muy poco lo que el Gobierno Nacional pudo hacer de manera eficaz y efectiva antes de declarar el estado de emergencia, por lo que se cumplieron los requisitos para la declaratoria de un estado de excepción.