La Procuraduría le pidió a la Fiscalía que declare como delito de lesa humanidad el asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado. Para el Ministerio Público, se trata de la ejecución de un plan sistemático que ejecutaban narcotraficantes, para establecer un estatu quo que les permitiera evitar la extradición y fortalecer vínculos con algunos sectores políticos e institucionales que les eran afines. Según el concepto, el delito ofende a la humanidad, por cuanto la figura de la víctima representaba un valor estratégico de la institucionalidad contra esta esfera del crimen organizado. El organismo de control sostiene que se configuran los elementos del artículo 7-1 del Estatuto de Roma, en torno a este tipo de conductas, frente a las cuales los Estados miembro se han comprometido a no renunciar a la persecución penal.