Procuraduría pide no modificar destinación de recursos de impuesto al carbono

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado a los ministerios de Hacienda y de Ambiente y al Congreso de la República para que contemplen medidas más contundentes y específicas enfocadas en la protección del medio ambiente y el estímulo a la transición energética dentro de la reforma tributaria que se está debatiendo actualmente.

Esto luego de la aprobación, en primer debate, de la reforma por parte de las comisiones económicas del Congreso, en la cual se propone realizar un cambio en la destinación de los recursos provenientes del impuesto al carbono establecida en la Ley 1819/16, para ser invertidos en el fortalecimiento ambiental del país, la erosión costera, la lucha contra el cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas. (Lea: Procuraduría requiere a entidades implementación y cumplimiento de sentencia estructural sobre baldíos)

Ajuste que hizo que el ente de control prendiera sus alarmas, asegurando que “eliminar la destinación específica del gravamen no resuelve la debilidad que se pretende solucionar y podría conducir a la dispersión de recursos financieros fundamentales para abordar los retos de la transición energética, crisis climática y la contención del flagelo de la deforestación”.

El Ministerio Público indicó que la eliminación de “la destinación específica del impuesto al carbono no brinda claridad en torno a los siguientes aspectos: (i) quién sería el encargado de la administración de los recursos del impuesto al carbono; (ii) cómo se deberían ejecutar estos ingresos y (iii) cuáles son los proyectos y/o políticas que se financiarían con el recaudo al impuesto al carbono”. (Lea: EXTRA: Descargue la ponencia para primer debate de la reforma tributaria)

Adicionalmente, Cabello alerta que si la derogatoria de la destinación específica del impuesto al carbono es aprobada por el Congreso de la República, se podría fácilmente perder de vista uno de los fines de este tributo, como es la compensación de los costos ambientales derivados del consumo de combustibles fósiles, desfinanciando así las políticas y proyectos que tengan como objetivo conservar el medio ambiente y mitigar el cambio climático, lo que privaría al país de un claro mecanismo de garantía económica de justicia climática.