El decreto expedido al amparo de la emergencia económica por la ola invernal que reglamentó los montos, términos y condiciones para asignar subsidios de vivienda a los damnificados se ajusta al propósito del estado de excepción (Decreto 4832 del 2010), señaló la Procuraduría General de la Nación al pedir su exequibilidad. Según el Ministerio Público, el acceso de los damnificados por el desastre a los programas de vivienda queda supeditado a la existencia de ese reglamento, por lo que las motivaciones de dicha norma están encaminadas a permitir a las familias afectadas acceder a una vivienda segura y digna, que es un elemento esencial para poder desarrollar sus proyectos de vida.