Avances y retos del derecho procesal constitucional

René Moreno Alfonso

Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y docente universitario

 

El Derecho Procesal Constitucional (DPC) es una disciplina y campo específico de conocimiento que se desprende del derecho procesal en general y tiene como objeto de estudio las garantías procesales y los órganos con competencia para la protección y defensa de la supremacía constitucional y los derechos que tienen rango constitucional.

 

En las dos últimas décadas del siglo XX, el estudio del DPC ha evolucionado en América Latina desde las dimensiones doctrinales, legales y académicas, presentando las siguientes fases o etapas: (i) génesis o nacimiento; (ii) desarrollo y (3) consolidación.

 

En su génesis, la denominación de la disciplina (1994) es reconocida al profesor español Niceto Alcalá Zamora y Castillo, exiliado en Argentina a mitad del siglo XX, y luego apropiada por su discípulo Héctor Fix Zamudio, profesor de la Universidad Autónoma de México.

 

América Latina es la fuente y evolución de la materia porque a través de las garantías procesales constitucionales se pueden limitar y controlar los abusos de poder por la existencia de formas de autocráticas de gobierno y la constante vulneración de derechos humanos.

 

Desde la doctrina, autores de diversas nacionalidades han contribuido a desarrollar los diferentes ejes temáticos del contenido del DPC, con la producción de artículos, textos y difusión de teorías que explican la importancia de esta reciente y novel disciplina jurídica.

 

Encontramos exponentes de la disciplina como Humberto Nogueira Alcalá^[1] (Chile); Domingo García Belaunde^[2] (Perú); Oswaldo Alfredo Gozaíni^[3] (Argentina); Rubén Hernández Valle^[4] (Costa Rica); Eduardo Ferrer Mac-Gregor^[5] (México); Ernesto Rey Cantor^[6] y Eduardo Andrés Velandia Canosa^[7] (Colombia) y Allan R. Brewer – Carías^[8] (Venezuela).

 

En materia legislativa han sido expedidas por los diferentes Estados normas que regulan la jurisdicción constitucional, los procesos y procedimientos para materializar las garantías procesales en defensa de la supremacía constitucional y los derechos humanos. La interpretación de la legislación ha permitido el análisis y estudio concreto de las características de estas nuevas formas de protección de los derechos humanos por parte de los órganos encargados de esta función.

 

Esta tendencia del Derecho es incluida en nuestro país a partir de la promulgación de la Carta Política de 1991, con la creación de la Corte Constitucional y las garantías procesales para la defensa de los derechos de fuente constitucional; fue el profesor Ernesto Rey Cantor el encargado de explorar y presentar este nuevo saber disciplinar con la publicación del texto “Introducción al Derecho Procesal Constitucional”, realizada en el año 1994 por la Universidad Libre, seccional Cali.

 

Posteriormente, el sendero del DPC es apropiado en Colombia por el profesor Eduardo Andrés Velandia Canosa, impulsando la creación de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional (ACDPC) y fomentando cursos, seminarios, congresos y publicaciones que han difundido el estudio de la disciplina.

 

Desde el aspecto académico, los programas curriculares de las facultades de Derecho a nivel de pregrado implementan el estudio de temas que corresponden al contenido del DPC y a nivel de posgrados han surgido especializaciones y asignaturas de Derecho Procesal Constitucional en las maestrías de Derecho Procesal.

 

La primera institución educativa en abrir el camino fue la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana de Bogotá, con la Especialización en Derecho Procesal Constitucional, en el año 2010, con el propósito de profundizar el conocimiento en una de las últimas tendencias de mayor impacto en el Derecho Procesal Contemporáneo; se ofrece en la ciudad de Bogotá con una duración de dos semestres, bajo la metodología presencial.

 

La Universidad Javeriana de Bogotá ofrece el programa de especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional (2012); la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de la ciudad de Tunja y la Universidad San Buenaventura de Medellín ofrecen el programa de especialización en derecho procesal constitucional (2016).

 

Los programas de especialización en Derecho Procesal Constitucional contribuyen a la consolidación de la nueva disciplina en Colombia. En América Latina el derecho constitucional se ha impuesto definitivamente como una ciencia autónoma respecto al derecho constitucional, como también respecto al derecho procesal. Por supuesto, el debate entre los estudiosos sigue vivo en torno a la sistematización, el origen, la naturaleza predominantemente procesal o constitucional de esta ciencia, la extensión de sus contenidos, aunque su autonomía ya no se discuta^[9].

 

A pesar de los avances y progresos obtenidos para reconocer el DPC como una disciplina autónoma, falta un largo y tortuoso camino por recorrer para lograr su consolidación.

 

Los retos del DPC en nuestro país son:

 

1. Conformar una verdadera jurisdicción constitucional, especializada, integral y funcional que tenga la capacidad de responder eficazmente a la protección de las personas cuando hay vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales constitucionales.

 

                    La propuesta formulada porque la jurisdicción constitucional en Colombia está integrada únicamente por la Corte Constitucional y solamente tiene competencia para conocer de manera directa la acción pública de inconstitucionalidad y excepcionalmente la acción de tutela en sede revisión y para poder resolver la totalidad de las acciones y procesos constitucionales fue necesario asignar función jurisdiccional constitucional a todos los jueces.

 

                   Frente al vacío normativo existente en la jurisdicción constitucional colombiana, es necesario implementar la creación de jueces especializados para resolver las controversias constitucionales y es conveniente su funcionamiento a nivel territorial, para que exista en cada municipio un juez con función constitucional para garantizar la materialización de los derechos constitucionales y acercar la justicia constitucional al ciudadano.

 

                   Para garantizar la impugnación de las decisiones proferidas por los jueces constitucionales y garantizar la doble instancia es importante la creación de jueces constitucionales del circuito o salas constitucionales en los tribunales de los distritos judiciales del país.

 

                   Con la propuesta de crear una verdadera estructura de la jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional funcionaría como un verdadero órgano de cierre de la misma y tendría la posibilidad de conocer de la totalidad de las acciones y garantías constitucionales, mediante un recurso con causales expresas de admisión.

 

2. Sistematizar las diferentes normas que desarrollan las garantías procesales para la protección de los derechos constitucionales en una sola codificación permite su conocimiento y difusión para la aplicación de manera coherente y uniforme.

 

Actualmente existe en la legislación colombiana una pluralidad de normas que regulan las diferentes acciones y recursos constitucionales, su conocimiento corresponde a diferentes especialidades de la jurisdicción y no existe un solo proceso y procedimiento para su trámite, la unificación de normas en una codificación facilitaría el uso de las garantías procesales constitucionales para su ejercicio por parte de los ciudadanos.

 

3. Utilizar racionalmente las acciones constitucionales como garantías subsidiarias de protección de los derechos cuando los mecanismos naturales y ordinarios no lo hagan o tarden sus medidas de protección. El indiscriminado y mal uso o ejercicio de las garantías procesales constitucionales debilita el sistema judicial colombiano y contribuye a la congestión y demora en la solución de los conflictos sometidos a la jurisdicción. El conocimiento y estudio adecuado de las acciones constitucionales ayudan a su legitimación como garantías procesales para la protección de los derechos.

 

A pesar de las dificultades señaladas el DPC, hoy en día es reconocido como una disciplina que se desprende del tronco común del Derecho Procesal y es definida “como la disciplina jurídica, situada dentro del campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a la aplicación de los principios, valores y disposiciones fundamentales con el objeto de reparar la violación de los mismos”^[10].

 

Para contribuir al proceso de construcción de la disciplina, la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional (ACDPC) realiza congresos anuales desde el año 2010, con la finalidad de discutir temas específicos de la materia.

 

Los días 22, 23 y 24 de mayo del presente año celebrará el X Congreso de Derecho Procesal Constitucional en la ciudad de Villavicencio, cuyo tema es el litigio ante la jurisdicción constitucional, con la participación de reconocidos profesores nacionales y extranjeros.

 

Invitamos a la comunidad académica a participar en el evento y contribuir a la discusión de los temas que nos permitan la consolidación del Derecho Procesal Constitucional como garantía eficaz para la protección de los derechos constitucionales.