La sala especial de decisión 24 del Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura formulada contra el senador Carlos Felipe Mejía, la cual se fundó en la permanencia del congresista en el recinto de la plenaria durante la discusión y votación del proyecto de ley encaminado a reglar el procedimiento de la jurisdicción especial de paz, pese a que se había declarado impedido. Para el demandante, esa condición no solo lo obligaba a abstenerse de participar o influir en la discusión y votación del proyecto, sino que, además, le imponía dejar físicamente las instalaciones en las que se desarrollaba el trámite legislativo. No obstante, el alto tribunal estimó que la conducta es atípica, toda vez que el comportamiento del senador no fue contrario al ordenamiento jurídico y, en particular, al régimen de conflicto de intereses, en la medida en que no se probó que utilizara su dignidad para favorecer sus intereses personales (económicos y morales) o los de su núcleo familiar o negocial (C. P. Carmelo Perdomo).