El Gobierno acaba de sancionar la prórroga por cuatro años más de la Ley 418 de 1997 o Ley de Orden Público. La finalidad es brindarle facultades al Presidente de la República para eventuales procesos de paz y garantizar el orden público en el territorio, con disposiciones adicionales que buscan llegar al territorio con inversión en seguridad e infraestructura. Se dispone que el Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar zonas estratégicas de intervención integral en regiones afectadas por la criminalidad. Estas zonas serán objeto de planes especiales de fortalecimiento, prioridad para la prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas de protección a la población. La ley también establece que todas las armas de fuego, como requisito para su comercialización, y las que hayan sido amparadas en cualquier tiempo, deberán ser empadronadas conforme a la reglamentación que para tal fin expida el Gobierno. También se crea el Registro Nacional de Identificación Balística, estará a cargo del Ministerio de Defensa. El Ejecutivo reglamentará la subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz para financiar planes, programas y estrategias con recursos adicionales del presupuesto público, cooperación internacional y aportes del sector privado.