Así lo sentenció la Corte Suprema de Justicia, al precisar que ha sido esa una posición jurisprudencial reiterada, tal cual lo demuestran providencias como la 40560 del 2014. Indicó que, desde el 2009, la Sala ha sostenido que esa compatibilidad se sustenta en que estos tipos de pensión cubren riesgos diferentes, uno común como la vejez y el restante riegos propios de la actividad laboral, como lo es la invalidez; esto además de que tienen fuentes de financiación independientes y autónomas y teniendo en cuenta que se reglamentan de manera diferenciada (M. P. Luis Gabriel Miranda).