5.000 abortos se registraron en Uruguay durante el primer año de despenalización

Cerca de 5.000 abortos se han realizado en Uruguay durante el año transcurrido desde su despenalización. Así lo señaló la organización Mujer y Salud de Uruguay (MYSU), al asegurar que aún existen dificultades para la interrupción del embarazo, de acuerdo con estimaciones oficiales y estudios realizados por la entidad.

“Con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se materializaron progresos en la defensa de los derechos de la mujer,  pero al mismo tiempo se mantienen dificultades para poder concretar los abortos”, advirtió la directora de MYSU, Lilián Abracinskas.

Al respecto, el Gobierno uruguayo señaló que durante el primer semestre del 2013, se registraron 2.550 abortos con una media de 456 mensuales. Durante este periodo, señala, no se reportó ninguna muerte materna por interrupciones del embarazo practicadas en situaciones de riesgo.

Igualmente, destacó que estos datos suponen unos 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, lo que contrasta con los más de 40 por cada 1.000 que se estima se produjeron en el país entre los años 1995 y 2002, cuando el aborto era ilegal y no existían políticas educativas sobre sexualidad.

Este martes se cumple un año desde la entrada en vigor de la nueva ley que no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

La norma establece que la mujer que decida interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación no será procesada y, en consecuencia, no se le aplicará el artículo 325 del Código Penal, que consagra una pena de tres a nueve meses de prisión.

Las interesadas deberán acudir a una consulta médica en una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, para poner en conocimiento las circunstancias que, en su criterio, le impiden continuar con el embarazo.

Este equipo le informará a la mujer lo establecido por la norma, las características de la interrupción del embarazo y los riesgos inherentes a esa práctica. Además, deberá informarle sobre las alternativas al aborto provocado, incluidos los programas de apoyo social o la adopción.

Con información de El Nacional