El proyecto anticorrupción que obligaría a los servidores públicos a registrar en el Sigep sus declaraciones de bienes y del impuesto sobre la renta y complementarios, y también sus conflictos de interés, fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, el pasado 25 de noviembre. Dentro de las principales novedades de la iniciativa se pide ampliar la aplicación de la medida a todos los funcionarios y servidores públicos y a los particulares que desempeñen funciones públicas o presten servicios públicos o administren, a cualquier título, bienes o recursos públicos. La publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo, según explica el texto. Toda modificación a la información deberá ser comunicada a la respectiva entidad y registrada dentro de los dos meses siguientes al cambio realizado. La copia de la declaración se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación de la última declaración del año gravable ante la Dian. Los obligados deberán registrar de manera obligatoria en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), o herramientas que lo sustituyan, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y cargar una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. “La información deberá publicarse y divulgarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”, puntualiza el proyecto. Ahora, el texto deberá pasar a conciliación con el Senado.