El vertiginoso crecimiento de la industria minera colombiana debía compensarse con una mayor regulación para reducir sus riesgos y daños. Por ello, el Gobierno acaba de acoger como norma obligatoria la Política Nacional de Seguridad Minera, un documento técnico que reúne una serie de requerimientos elaborados internacionalmente para la explotación de minas, avalados por diversos organismos nacionales.

Lo esencial de esta política es evitar los accidentes y las muertes en las minas. Basta ver que en los últimos cinco años, estos accidentes se duplicaron: de 40, pasaron a 84. Algo más grave ocurre con las muertes provocadas por derrumbamientos, incendios o intoxicaciones en minas: de 42, aumentaron a 173. En lo corrido del 2011, 81 personas han muerto en trabajos de minas.

El Gobierno trazó cuatro líneas estratégicas, entre las que vale la pena destacar la preventiva y las exigencias técnicas para las explotaciones de recursos minerales. Ambas están a cargo de entidades del Estado, como el Ministerio de Minas y el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas).

La política parte de un diagnóstico problemático: la alta accidentalidad minera se debe a una suma de factores como la desidia del Estado, la minería ilegal y la indolencia de algunos concesionarios que no han adoptado las medidas apropiadas para evitar los daños producidos por la explotación minera.

En vista de que el crecimiento económico del país para las próximas décadas está esperanzado, en parte, en la industria minera, la adopción de esta política responde a las preocupaciones que han crecido desde diversos sectores académicos y sociales, frente a los evidentes riesgos que trae implícita esa actividad.

(Minminas, Res. 18-1467, sep. 7/11)