La Sección Tercera del Consejo de Estado explicó ampliamente las bases constitucionales de la libertad de empresa y de la libre competencia, así como varios aspectos relativos a los títulos mineros y la protección jurídica a su titular, como argumentos que condujeron a negar la pretensión de nulidad que recaía sobre las resoluciones dictadas por la Agencia Nacional de Minería mediante las cuales se resolvió y confirmó un amparo administrativo minero dentro de un contrato de concesión. Justamente, el alto tribunal desestimó las peticiones incoadas mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto, a su juicio, el ordenamiento jurídico tutela los derechos del titular minero ante todo acto de perturbación, ocupación y despojo, inclusive ante terceros que han iniciado ante la Autoridad Administrativa un trámite de legalización de minería tradicional (C. P. Jaime Orlando Santofimio).