El Ministerio de Minas y Energía presentó una acción de tutela en contra de la providencia del Tribunal Administrativo del Meta que declaró constitucional la consulta popular en el municipio de La Macarena, y afirmó que en asuntos minero- energéticos se deben agotar los mecanismos de concertación previstos por la ley. Sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió el amparo e indicó que el ordenamiento jurídico no prevé la obligación de los municipios de concertar con la Nación antes de convocar o realizar una consulta popular. Así mismo, explicó que se trata de dos mecanismos diferentes que no necesariamente están relacionados: una cosa es la concertación para expedir el POT o un plan de desarrollo y otra es la competencia de los municipios para adelantar consultas en su jurisdicción, la cual no está supeditada a la referida concertación. Así las cosas, se confirmó la decisión que había negado las pretensiones del ministerio (C. P. Jorge Octavio Ramírez).