La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la responsabilidad atribuida a una empresa departamental por los perjuicios causados a un predio como consecuencia de la explotación de una mina de carbón. Si bien la explotación del yacimiento estaba bajo la responsabilidad de un contratista, en virtud de un contrato de explotación de mediana minería, el alto tribunal sostuvo que sobre el titular minero siempre se mantuvo la obligación de adoptar las medidas que resultaran necesarias para el buen desarrollo de las actividades desplegadas. Por consiguiente, sin perjuicio de la autonomía técnica concedida al contratista, la empresa departamental demandada tenía que garantizar una adecuada explotación (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).