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Conozca el laudo del Ciadi que acabó la disputa entre Colombia y la multinacional suiza Glencore

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Conozca el laudo del Ciadi que acabó la disputa entre Colombia y la multinacional suiza Glencore (Contraloría)

Colombia debe restituir a Glencore International A. G. (Glencore) la suma de US $ 19,1 millones y reconocer los intereses de ese valor a la tasa Libor, más un 2 %, y US $ 1.692.900 por concepto de “expensas de defensa”.

 

Así lo determinó el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión (Ciadi), constituido a raíz de la pretensión de la multinacional suiza encaminada a obtener más de US $ 500 millones por los daños que, a su juicio, le causó la Contraloría General de la República (CGR) con el fallo de responsabilidad fiscal 00482 del 30 de abril del 2015, proferido en contra de C. I. Prodeco S. A. (Prodeco), filial de Glencore en Colombia.

 

Justamente, en esa decisión la CGR consideró que con la suscripción del otrosí 8 al contrato firmado con Ingeominas, en el que se recalculaba la fórmula para liquidar las regalías, de acuerdo con el plan de expansión de Prodeco a 10 años, se había causado un daño a Colombia.

 

En ese entonces, el ente de control estimó que los recursos dejados de percibir ascendían a la suma que, el pasado 27 de agosto, el tribunal arbitral ordenó restituir.

 

No obstante, en el laudo se afirmó que la conducta de la CGR, al calcular el daño presuntamente sufrido por Colombia, constituye una medida irrazonable que ha obstaculizado la inversión de la compañía demandante, en violación al artículo 4º (numeral 1º) del tratado suscrito entre ambos países, así como una violación a la obligación de trato justo y equitativo.

 

Por esa razón, ordenó la referida restitución, no sin antes desestimar la cuantiosa suma pretendida por la multinacional y negar, además, la solicitud de ordenar a Colombia abstenerse de iniciar nuevos procedimientos fiscales por la misma causa, así como desistir del procedimiento de nulidad de la adición contractual objeto de litigio.

 

Tratado

 

Todas las pretensiones de Glencore tenían fundamento en el “Convenio entre la República de Colombia y la confederación suiza sobre la promoción protección recíproca de inversiones”, suscrito en Bogotá, el 17 de mayo del 2006.

 

Precisamente, esa compañía sostenía que el fallo de responsabilidad fiscal impuesto a su filial en Colombia vulneraba el numeral primero del artículo 4º.

 

Allí se contempla que cada una de las partes debe proteger dentro de su territorio las inversiones realizadas de acuerdo a sus leyes y regulaciones por inversionistas de la otra parte y no pueden ser perjudicadas con medidas no razonables o discriminatorias el mantenimiento, uso, disfrute, extensión, venta y, llegado el caso, la liquidación de dichas inversiones. Sin embargo, al tribunal arbitral también encontró el desconocimiento del numeral segundo, según el cual “cada parte deberá garantizar un tratamiento justo y equitativo en su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra parte”.

 

Defensa

 

Una vez se conocieron las millonarias pretensiones de Glencore, Colombia pidió al tribunal desecharlas y declarar, además, que la CGR e Ingeominas (hoy Agencia Nacional de Minería) actuaron de conformidad con el derecho doméstico e internacional.

 

Y si bien solo ordenó un 97 % de lo solicitado, en el laudo se asegura que la conducta de las entidades estatales colombianas no atentó en contra del debido proceso de la compañía extranjera. De hecho, resaltó que Prodeco, en su momento, tuvo la oportunidad de controvertir ante las autoridades judiciales del país su inconformidad con la decisión de la CGR.

 

Según Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta decisión constituye una victoria para el país, pues se mantuvo incólume la neutralidad y transparencia de los funcionarios de la CGR que participaron en la decisión fiscal, respaldó la posibilidad de investigar a particulares y dejó la puerta abierta para poder volver a investigar ese contrato, en caso de que la CGR lo considere necesario, eso sí, manejando una metodología adecuada.

 

 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, rueda de prensa, Ago. 27/19.

 

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