El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército-Policia Nacional por los perjuicios sufridos por quienes se vieron desplazados en forma forzosa del corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú (Norte de Santander), con ocasión de la incursión paramilitar ocurrida el 29 de mayo de 1999. La Sección Tercera explicó que los perjuicios individuales se hacen derivar de una causa común, que se imputa a la entidad demandada. En este caso, las acciones y omisiones de las autoridades militares y de policía que no previnieron ni reaccionaron y, por el contrario, colaboraron con la incursión y las masacres cometidas por el grupo paramilitar que se tomó violentamente el corregimiento. Señaló que lo procedente era la acción de grupo y no la acción de nulidad, por economía procesal.